La reforma del siglo

Greivin Hernández González, —economista —

 

Ronald Jiménez estuvo buscando trabajo por varios meses hasta que una empresa de seguridad lo contrató en junio de este año, y aunque él no lo tiene muy claro, la razón de ello fue la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral (RPL). Su actual patrono no cumplía a cabalidad con la legislación laboral en cuanto al pago de horas extra, pero como los juicios tardan años, los abogados no son gratuitos y las opciones de empleo para personas poco calificadas no abundan, el empleador, por decirlo de alguna forma “se la jugaba”. Con la entrada en vigencia de la RPL, la empresa decidió poner las cosas en orden, y para ello debió contratar a un oficial más, Ronald.

A partir de julio de este año entró a regir la reforma legal más importante en más de 74 años. Desde la promulgación del Código de Trabajo en 1943, no se había realizado una modificación tan significativa a las leyes que rigen las relaciones entre obreros y patronos en Costa Rica, pues se estima que se modifican alrededor de trescientos artículos del mismo.

En términos generales, cuatro áreas fueron sujetas de cambio y avance sustantivo: reducción de los espacios para la discriminación, con cerca de catorce categorías; celeridad en los procesos judiciales laborales, al introducir oralidad en los juicios, juzgados especializados, y más; apoyo estatal a ciertos trabajadores en caso de disputas con los patronos, como menores de edad, trabajadores que ganen menos de dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo al mes, entre otros; y mayor precisión en las condiciones y procedimientos de las huelgas en los sectores público y privado.

Dado que el proceso para llegar a finiquitar la ley fue extenso – data de 1998 – y sujeto a negociación por las tres partes sustantivas: trabajadores, empleadores y Estado, era de esperarse que el producto final no sea de entera satisfacción para algunos. Desde el sector empresarial, los dirigentes de la Unión de Cámaras y Asociaciones Empresariales se han opuesto al proyecto debido al cambio en las condiciones para que las huelgas sean viables y legales. Además, desde la Cámara de Agricultura ven con recelo el hecho de que los trabajadores cuenten con un defensor público. Mientras que algunos dirigentes sindicales más bien consideran que las reglas para las huelgas son engorrosas, y que el espacio para la renegociación de las convenciones colectivas en el sector público se redujo en demasía.

En defensa de la Reforma, se podría decir que el país tiene un alto grado de informalidad, y que el incumplimiento al salario mínimo en el sector privado afecta a cerca de una tercera parte de los trabajadores, por lo que es de esperar que más celeridad y herramientas para la defensa de los trabajadores, potenciarán el cumplimiento de los derechos de la parte más débil de la ecuación. Historias como las de Ronald Jiménez -personaje ficticio de un caso verídico en el que me correspondió mediar- podrían mejorar las cifras y la calidad del empleo en el país.

Vale la pena destacar también, que el país se acercó más al cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de legislación básica y razonable, reconocidos por entes como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para garantizar los derechos de la clase trabajadora; así como a aspiraciones de cumplimiento de buenas prácticas como las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Finalmente, se logra llevar a la práctica un acuerdo entre entes que muchas veces se consideran antagónicos o con intereses contrapuestos, lo cual no deja de ser esperanzador en un momento en que el país tiene retos de suma importancia en otros ámbitos (fiscal, pensiones, etc), y que requieren del diálogo, aporte y compromiso de estas partes para superarlos exitosamente.

One Reply to “La reforma del siglo”

  1. Óscar Segura

    Tarea pendiente. Muy interesante lo que nos hace ver Greivin Hdez. en este artículo. Es decir, estamos ante la más grande reforma en materia laboral desde la promulgación del Código de Trabajo de 1943. Mucha agua ha corrido bajo el puente. ¿Qué queda después de semejante reforma? Seguro que muchas cosas, pero hay que apuntar a una en concreto. Hay que ir más allá de la norma y darle a esta sentido democrático. Me refiero a que las personas trabajadoras conozcan a fondo el marco de límites y posibilidades que tienen con este nuevo recurso jurídico. Esto corresponde, en primera instancia, al Ministerio de Trabajo. No es una tarea sencilla, en el Informe del Estado de la Nación de 2012, se señala que al menos el 60% de las personas trabajadoras veían incumplido algún derecho laboral y esto era más frecuente en sectores laborales menos especializados. O sea, hablamos de personas con menor escolaridad. Esto plantea dos retos asociados. El primero, que la población en general conozco el marco de la reforma y, el segundo, que esa información llegue oportuna y de manera accesible a los sectores más vulnerables. Hay más retos que sobrepasan lo que desde una norma se puede hacer, sin duda, pero no podemos negar el valor que tiene haber dado este paso (19 años de negociaciones). Así tampoco, que la embriaguez por el importante alcance limite las responsabilidades de lo que, en lo inmediato, sigue. Pensamos que es responsabilidad del ministerio correspondiente completar lo que ha iniciado la acción legislativa, hablamos de “democratizar la norma”, facilitando el acceso de la población -especialmente la más vulnerable- a esta información. De ahí, podría iniciarse un movimiento que marque no solo las sanciones en materia laboral, sino también las condiciones de relación entre personas trabajadoras y el empresariado, principalmente.

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